COMUNICADO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL INGENIO SAN ISIDRO


COMUNICADO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL INGENIO SAN ISIDRO.

A los habitantes del departamento del Gral. Güemes y público en general.
Debido a los eventos que son ya de público conocimiento con respecto a las medidas tomadas el lunes 05 de julio pasado por los trabajadores despedidos del ingenio San isidro -haciendo uso de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión, reflejado en los art 14 y 32 de la Constitución Nacional argentina- quienes fuimos dejados sin trabajo de forma arbitraria e injustificada en marzo del año 2018 por quienes eran en ese momento dueños de la empresa: Firma ¨Corporación Azucarera del Perú” del grupo Gloria, que adujeron haber atravesado un proceso preventivo de crisis, destacamos que el mismo nunca fue probado y mucho menos homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, cerraron las puertas de la empresa azucarera, despidiendo a 700 trabajadores sin autorización del Ministerio de Trabajo  y abonando solamente el 50 % de las indemnizaciones que le corresponde a cada trabajador.
Cabe destacar el mal uso del instrumento legal del proceso preventivo de crisis, cuyo verdadero espíritu y objetivo  es el de buscar garantizar la continuidad de la fuente laboral y, no la del despido de la totalidad de sus trabajadores, avasallando un derecho y principio fundamental contemplado en nuestra Constitución Nacional como es la no discriminación en materia salarial” igual remuneración por igual trabajo” (articulo 14 bis).
Luego de ello procedieron a la venta de la empresa en septiembre del 2018 a la firma Ruiz, de Tucumán, quienes hoy son sus actuales dueños: Diego Ruiz Juárez, Marcelo Alejandro Ruiz Juárez y Carlos Alberto Ruiz Juárez, que poseen el control exclusivo de la totalidad de las acciones de las firmas Verha sa., Prosal S.A., Emaisa S.A. y Bio San Isidro S.A.
Estos nuevos dueños desconocieron desde un primer momento ser responsables de lo adeudado a los trabajadores despedidos, lo que ya fue desestimado en un fallo con sentencia a favor de una de nuestras compañeras despedida, que se emitió en los tribunales de justicia de nuestra provincia.
Cabe destacar que nuestra lucha es exclusivamente por percibir lo adeudado y hacer respetar nuestros derechos, no teniendo intenciones políticas y mucho menos de obstaculizar el proceso productivo del Departamento de General Guemes, solamente deseamos cerrar un capítulo muy doloroso para 700 familias que se agudiza por el contexto de pandemia en que nos encontramos y la falta de fuentes genuinas de trabajo, lo que afecta no solamente la situación alimentaria de cada familia si no también la salud de aquellos que dejaron años de trabajo y ven como sus derechos son avasallados.
Por todo esto es que apelamos a buscar en conjunto trabajadores despedidos, empresarios y gobierno, una solución urgente y definitiva para dar por terminada esta situación de cuyo origen no somos responsables. Consideramos injusto que nuestro dinero adeudado por la patronal siga siendo capitalizado y generando intereses para un grupo de empresarios, mientras nuestros compañeros deben solventar el día a día de sus familias con futuro incierto.
Demás está decir que el mantenimiento de la paz social es una responsabilidad compartida entre empresa, gobierno y trabajadores, y debe existir el compromiso y la voluntad de sentarse a buscar una solución definitiva. Nosotros estamos abiertos al dialogo y buscamos el mismo compromiso de la firma Ruiz y los responsables del gobierno.
Cada día que pasó desde marzo del 2018 a la fecha lo único cierto y la única realidad es que hay un grupo de empresarios que debe abonar y una masa obrera que debe cobrar. No existe otra verdad por mas cortinas de humo que quieran imponer aquellos que buscan beneficios personales y que hoy implementan un juego mediático tratando de desvirtuar el verdadero objetivo de las 700 familias afectadas: percibir lo que nos corresponde por ley y jamás, nunca, perder nuestra dignidad.
Continuaremos con nuestra legítima lucha haciendo uso de todos los instrumentos que nos avalen hasta alcanzar nuestro objetivo final, que por ley nos corresponde.
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